- Asociación Española de Cumplimiento de Protección de Datos
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Las entidades locales, como ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones, manejan diariamente una gran cantidad de datos personales de ciudadanos, empleados y proveedores. Por ello, están obligadas a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD/GDD).
Nuestro objetivo es ofrecer un completo conjunto de servicios que permitan a estas entidades cumplir con las obligaciones específicas que deben atender en materia de protección de datos, incluyendo el papel del Delegado de Protección de Datos (DPD), la gestión de riesgos, el tratamiento de datos sensibles y la necesidad de transparencia activa. Todo ello con un enfoque adaptado a la realidad del sector público local.
Formación práctica en RGPD, LOPD/GDD y ENS, dirigida a empleados públicos o responsables de entidades locales, con contenidos adaptados a funciones concretas: atención al ciudadano, policía local, servicios sociales, administración electrónica, gestión de asociados, etc.
Precio estimado: 1.300€
Evaluación del estado actual del Ayuntamiento en protección de datos, ciberseguridad y administración electrónica. Incluye recomendaciones prácticas y hoja de ruta.
Precio estimado: 600€
Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento, análisis de legitimación, cláusulas informativas, textos legales de formularios y plataformas digitales, contratos con encargados, etc.
Precio estimado: 450€
Supervisión continua del cumplimiento legal. Resolución de dudas, revisión de procedimientos, formación de refuerzo y enlace con la Agencia Española de Protección de Datos.
Precio estimado: desde 950€/año
Definición de roles, elaboración de políticas de seguridad, gestión de riesgos, documentación técnica y organizativa.
Precio estimado: a partir de 600€
Identificación de tratamientos de alto riesgo (por ejemplo, videovigilancia, servicios sociales, biometría), análisis de amenazas, y propuestas de medidas preventivas.
Precio estimado: desde 500€ por evaluación
Cumplimiento de requisitos de transparencia, política de privacidad, aviso legal, cookies, accesibilidad, etc.
Precio estimado: 300€
Revisión de pliegos de licitación para incluir adecuadamente requisitos legales en materia de protección de datos y ciberseguridad con proveedores.
Precio estimado: desde 250€ por revisión
Protocolo de respuesta inmediata, análisis forense, comunicación a la AEPD y afectados, medidas correctoras.
Precio estimado: desde 150€ por intervención
Estar asociado a la AECPD proporciona recursos y asesoramiento clave que facilitan la implementación y mantenimiento del cumplimiento normativo en P.D.
Incluído con la contratación del servicio de Diagnóstico y Auditoría
Servicios orientados a potenciar la gobernanza de sus datos y crear cultura de protección de datos en las entidades a través de campañas internas, cartelería, píldoras formativas y guías prácticas.
Precio estimado: desde 600€
Nuestros sellos de certificación son un reconocimiento a aquellas organizaciones y profesionales que implementan buenas prácticas en la gestión de datos personales.
Incluído con la contratación del servicio de
DPD externo
Sí. Todas las entidades públicas, incluidas las locales, están obligadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a designar un Delegado de Protección de Datos. Este profesional vela por el cumplimiento de la normativa y actúa como punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Las entidades locales tratan datos de empleados, ciudadanos, proveedores, solicitantes de servicios sociales, licencias, padrón, cámaras de videovigilancia, etc. Muchos de estos datos pueden ser especialmente sensibles (por ejemplo, salud, situación económica o datos de menores).
Sí. La transparencia es una de las bases del RGPD. Debéis informar claramente, por medios accesibles (web, formularios, carteles), sobre el tratamiento de datos personales, la finalidad, el tiempo de conservación, y los derechos que les asisten.
La entidad debe notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un plazo máximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento del incidente, siempre que exista un riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas. Además, si el riesgo es alto, también debe comunicarse directamente a los afectados. Por eso es fundamental tener un protocolo interno de actuación ante brechas de seguridad.
El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas, incluso para administraciones públicas, además de responsabilidad reputacional, pérdida de confianza ciudadana y reclamaciones ante la AEPD. También puede afectar la validez de actos administrativos.
Depende del tipo de tratamiento. Si la entidad trata datos sensibles a gran escala (por ejemplo, sistemas de videovigilancia, gestión de expedientes sociales o registros biométricos), es probable que sea necesaria una Evaluación de Impacto para identificar y minimizar riesgos.
Sí, pero siempre bajo ciertas condiciones. Debe existir una base legal clara y, en caso de compartir con terceros (como empresas proveedoras de servicios), es obligatorio firmar un contrato de encargado del tratamiento que garantice la confidencialidad y el cumplimiento del RGPD.
Todo el personal que maneja datos personales debe recibir formación básica y periódica en protección de datos. Esta formación debe adaptarse a su función específica y fomentar una cultura de privacidad dentro de la organización pública.
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